Era un típico jueves capitalino, sobre las 10 de la mañana se escucha una ráfaga de disparos en las cercanías de la Universidad Sergio Arboleda. De inmediato se encendieron las alarmas a nivel nacional: habían asesinado a Álvaro Gómez Hurtado. El 2 de noviembre de 1995, una fecha que pasaría a la historia oscura de nuestro país.
Este evento se dio en medio de la presidencia de Samper, que se vio manchada desde sus inicios por el escándalo de los dineros del Cartel de Cali. Dentro de los principales opositores del presidente se encontraba Álvaro Gómez. Desde el diario El Siglo logró hacer serios cuestionamientos al Gobierno de Samper, quien para él no debía continuar como presidente de Colombia. En una editorial del 30 de octubre de 1995, refiriéndose a los dineros del Cartel de Cali, escribía que “este hecho ya comprobado es lo que ilegitima al régimen que padecemos, por eso nosotros hemos sostenido que el único propósito político válido es tumbarlo”.
Cuenta la “leyenda” que dentro de la cúpula del ejército se comenzó a planear un golpe de estado al presidente y acudieron a Gómez Hurtado para proponerle que asumiera la presidencia, a lo que se negó tajantemente. Fue por esto que lo mataron, porque tenía conocimiento clave que podía eventualmente impedir que se realizara el golpe. Claro, según esta versión, pero como Colombia nunca deja de sorprendernos, el sábado 3 de octubre nos encontramos con un anuncio totalmente inesperado. Los diferentes miembros del antiguo secretariado de las FARC enviaron una carta a la JEP, ratificando su compromiso con la reconstrucción de la verdad y como muestra de buena fe, comenzaron por admitir el asesinato de 6 personas entre 1987 y 2002. Entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez. Surgen varias preguntas iniciales, ¿por qué las FARC deciden asumir la responsabilidad en este preciso momento? ¿Están diciendo la verdad? Y si es así, ¿qué pruebas tienen para respaldarlo? Pero por otro lado, si se trata de una gran mentira, ¿cómo se benefician ellos y qué intereses políticos están en juego?
Este hecho ha despertado todo tipo de reacciones. Para la familia de Gómez Hurtado lo que se pretende es encubrir la responsabilidad de Samper y aprovechar la “impunidad” del sistema de justicia transicional para sacarla barata. La respuesta de Samper no se hizo esperar, el expresidente manifestó su sorpresa, pues nunca se había contemplado como altamente probable la responsabilidad de las FARC. También arremetió contra la familia de Gómez Hurtado, quienes según él, siempre han buscado obtener una indemnización del estado con sus “calumnias”. Y cómo nos íbamos a olvidar de nuestro presidente el todopoderoso Iván Duque. Como era de esperarse, Duque se mostró perplejo por la asunción de responsabilidad de las FARC e hizo unas cuantas peticiones, de esas que le gusta hacer a él. Dijo que las FARC asumía la responsabilidad en un momento donde “ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel”. Luego, afirmó que espera “que la justicia no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato” y cerró su discurso diciendo que los colombianos “queremos que la justicia actúe con contundencia y con prontitud y que no desestime ninguna de las consideraciones que también ha hecho la familia de Álvaro Gómez”.
De esta intervención se extraen varias conclusiones. Primero, la de siempre: Duque no entiende que el presidente de la república no tiene por qué estar presionando a la justicia colombiana, no debe exigir el cumplimiento de ideales de justicia y verdad. El sistema de justicia transicional no está diseñado para darle validez a una u otra versión en específico, sino para descubrir la verdad que rodeó los acontecimientos, para lograr la reparación de las víctimas y asegurar la no repetición. Segundo, levanta sospechas que Duque insista tanto con las versiones de la familia. Uno entiende que el presidente es aliado del partido conservador y varios amigos cercanos del ex dirigente, sin embargo, según esa versión los responsables principales son Samper y sus ministros Serpa y Cristo. Entonces, ¿está insinuando el presidente que es importante tener en cuenta esta versión (por enésima vez) para encontrar su verdad ‘verdadera’? Y por último, vuelve y juega con el tema de la impunidad de la “paz de Santos”, con sustraer a la JEP de su competencia, con desconfiar de la labor que cumple esta institución y por ende, deslegitimarla. La JEP tiene competencia preferente, prevalente y exclusiva sobre las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016. Si las FARC pudieron ser los responsables de este asesinato, la JEP debe conocer el asunto. Ahora no vengan con el cuento de que es mejor que la justicia ordinaria prosiga con la investigación, bajo el mando de la gran Fiscalía de Barbosa, cuando después de 25 años no han logrado esclarecer la verdad.
No traguemos entero, escuchemos las diferentes versiones y opiniones, esperemos a que el proceso en la JEP y la Comisión de la Verdad avance. Las FARC deben presentar las pruebas que sustenten su versión y que en efecto logren la construcción de la tan anhelada verdad plena. Por ahora, así debamos esperar a que los miembros de las FARC expliquen por qué era objetivo militar, en principio hay dos puntos que podrían servir de sustento. Uno, el discurso de las “repúblicas independientes” de Álvaro Gómez fue fundamental para que se bombardeara Marquetalia en 1964, por lo cual su asesinato podría ser la retaliación por su rol en este hecho. Y dos, es innegable que si lo que se buscaba era crear una mayor división interna en la clase política y en el país en sí mismo, se logró.
Como cierre, un mensaje: por muchísimos años los políticos han moldeado la historia a su favor y nos han manipulado para que apoyemos, sin darnos cuenta, sus intereses políticos. Si en los jóvenes está la esperanza del país, no dejemos que nos sustraigan de lo más importante: criterio y capacidad de razonamiento.
Por: Juan Camilo Monsalve. Estudiante de Derecho con opción en periodismo en la Universidad de los Andes.
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