Aunque se pronuncie distinto, la gota que rebosó la copa del descontento social en Chile se parece a la que hizo lo propio en Colombia: una medida impopular y específica que dejó al descubierto años de negligencia estructural. En el país austral fue el aumento del pasaje de metro en 30 pesos; en el criollo, una nueva reforma tributaria.
Hoy Chile, como consecuencia del estallido social que llegó a reunir más de 1.2 millones de personas en las calles, se prepara para la elección de los miembros de la convención que redactará una nueva constitución política. Mientras tanto en Colombia las protestas revivieron con fuerza el pasado 28 de abril y aún se mantienen tras dos semanas de intensas movilizaciones. Chile parece haber capitalizado el descontento, ¿cómo lo hará Colombia?
Para intentar entenderlo, El Uniandino habló con académicos colombianos y chilenos, y con algunos de los protagonistas de la protesta social en ese país. A pesar de estar ad portas de cambiar la constitución, en Chile parece no haber certeza de que las peticiones estructurales que pedían las movilizaciones se atenderán cabalmente. La falta de organización y articulación entre los diferentes actores parece haberles impedido concretar cambios. Colombia toma nota.
Abajo el análisis completo.
La olla a presión
“Todo comenzó con estudiantes mujeres de Santiago que empezaron a evadir el metro porque había subido 30 pesos. Ahí empezó este estallido gigante impulsado por estudiantes secundarias”, dice Amanda Gálvez, fundadora de la Red Estudiantil de Secundarias de Chile.
“Hay descontentos que se comparten a lo largo de América Latina y eso se evidenció en 2019. Las consignas son claramente hacia unos Estados que no están protegiendo a sus poblaciones, que no les dan las mínimas condiciones de existencia”
“No hay un único actor en las movilizaciones del 2019 en Chile, no eran solo jóvenes, eran multigeneracionales. Eran personas que también vivieron otras manifestaciones y otros regímenes políticos y que van forjando su participación política”, explica por su parte Daniela Fazio, filósofa, historiadora y profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá. Algo similar opina Claudio Jimenéz, militante del partido político chileno de izquierda “Convergencia social”, quien participó activamente en las movilizaciones en ese país: “Se vuelve masivo porque se juntan generaciones que tuvieron intentos previos fallidos, y también tiene que ver con el hastío y la saturación de una política que ya está desgastada”.
Para Ana María Otero-Cleves, historiadora y profesora de Los Andes, cuando se habla de protestas hay que tener en cuenta sucesos coyunturales y estructurales: “En cualquier suceso histórico hay una última gota que se necesita para manifestar una inconformidad grande”, dice la investigadora.
En el caso chileno, la gota fue el descontento por el aumento del pasaje de metro. Eso destapó inconformidades que varias generaciones venían acumulando desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet: un sistema incapaz de garantizar acceso a servicios básicos y derechos fundamentales como la educación, la salud o la pensión. “Terminamos siendo jóvenes mucho más desobedientes frente a cosas que nos parecían injustas”, agrega Jiménez. Una olla a presión que finalmente estalló en octubre de 2019.
En Colombia el asunto es similar. “Hay descontentos que se comparten a lo largo de América Latina y eso se evidenció en 2019. Las consignas son claramente hacia unos Estados que no están protegiendo a sus poblaciones, que no les dan las mínimas condiciones de existencia”, afirma Otero-Cleves.
El gobierno colombiano de Iván Duque radicó el 15 de abril en el congreso una reforma tributaria para solventar el déficit fiscal del país, en el contexto de una pandemia que aumentó la pobreza del 36% en el 2019 al 43% en el 2020, según datos del DANE. Eso, junto con una comunicación pobre y una estrategia política insuficiente, hizo que la inconformidad popular estallara.
A pesar del tercer pico de contagio por el COVID-19, las marchas convocadas para el 28 de abril en contra de la reforma tributaria fueron masivas. Tras cinco días de protestas intensas en todo el país, con un ambiente violento bajo la presencia de la policía y el ESMAD, el presidente Duque decidió retirar el proyecto y su promotor, el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, renunció. Pero el estallido no paró ahí, el descontento iba mucho más allá de una reforma fiscal.
“Una de las principales similitudes que tienen las protestas de Colombia con las de Chile es que apuntan a politizar las desigualdades. La desigualdad en América Latina ha sido siempre un problema de carácter estructural”, dice Rossana Castiglioni, editora del Journal of Politics in Latin America y decana de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. “Es la sensación de urgencia por crear espacios donde haya una verdadera participación, que el Estado aborde temas de desigualdad”, termina diciendo por su parte la profesora Otero-Cleves.
Las calles: entre la protesta y la represión
Una vez la población chilena empezó a salir a las calles desde el 14 de octubre de 2019, no hubo quién pudiera pararla. Fue un mes en donde las imágenes de la Plaza Dignidad, antes conocida como Plaza Baquedano, se hicieron emblemáticas con banderas de Chile y pancartas que rezaban “Chile despertó”.
“El 18 de octubre tuvimos que ir a Plaza Dignidad y a eso del mediodía nos fuimos. Una hora después ya todo estaba la embarrada, Chile quemándose. Fue ahí donde me involucré en todo lo que pude y empecé a marchar”, cuenta Camila Navarro, integrante de la Red Estudiantil de Secundarias de Chile. “Lo que nos pasó a nosotros fueron unas primeras semanas de caos muy violentas. Creo que eso es lo que está pasando en Colombia”, opina por su parte Claudio Jiménez, de “Convergencia social”.
Cinco días después de iniciadas las protestas, el presidente chileno Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia y, al sacar militares a la calle, revivió las imágenes de la dictadura, como cuenta Navarro: “Los militares llegaron a mi barrio, estaban por fuera de la casa apuntando, eso fue fuerte”.
Para Castiglioni, la respuesta de Piñera fue desproporcionada y desatinada. “El presidente no entendió la situación, respondió por la vía de la represión y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. El escenario de diálogo no lo entabló él y eso obviamente complicó las cosas bastante”.
Una vez más, en el caso de Colombia las cosas ocurrieron de manera similar. Desde el inicio de las protestas la posición del gobierno fue escéptica y hubo una tendencia a destacar las manifestaciones desde el vandalismo. Ante esto, no solo hubo un gran despliegue de la fuerza pública, sino que en ciudades como Cali se pidió asistencia militar.
Aunque se esperaba que con el retiro de la reforma la protesta social se aplacara, el descontento seguía vigente. Siguieron días turbulentos, donde la violencia escaló, en mayor medida por los excesos de la fuerza pública contra la población civil. Al día de hoy, según la ONG Temblores, dedicada a registrar casos de violencia policial, desde el 28 de abril hasta el lunes 10 de mayo se registraron 1.956 casos de violencia por parte de la policía, dentro de los que se encuentran 40 víctimas de homicidio.
La salida a la crisis o capitalizar el descontento
“pero no hay todavía un actor que articule esos pedidos heterogéneos y que les dé coherencia. Ese es un riesgo y esa es una de las principales lecciones que podemos aprender de Chile”
Luego de intensas movilizaciones, Chile logró capitalizar el descontento. El 15 de noviembre de 2019, los parlamentarios de ese país se pusieron de acuerdo para sacar adelante un plebiscito donde se preguntaba al pueblo chileno si querían una nueva constitución y cuál debería ser el órgano encargado de redactarla. La actual constitución, redactada durante la dictadura, “se puso en el centro porque es la que pone dificultades para procesar institucionalmente las transformaciones”, señala Castiglioni.
A pesar de la pandemia, la participación electoral fue la más alta registrada desde 2012: 51%. El “Apruebo” ganó con casi el 80% de los votos. Además, ganó la opción de Convención Constituyente, lo que implicaba que todos los delegados serían elegidos por votación. Está previsto que este fin de semana los chilenos escojan a los miembros del grupo que cambiará las reglas de juego de su país.
La solución a la crisis es justamente la principal diferencia entre Colombia y el país del sur, pues la constitución que hoy rige a los colombianos fue fruto de un esfuerzo democrático que, para muchos expertos, no sería posible hoy. “Difícilmente en un escenario como el actual vamos a terminar con una constitución que nos dé más garantías democráticas que las que ya tenemos”, le dijo Sandra Borda, internacionalista colombiana, al podcast El Hilo.
Pero no solo se trata de posibilidades. “Una constitución por sí sola es insuficiente si el proceso político se estanca y no es capaz de actualizarse continuamente, permitiendo nuevos actores y nuevos proyectos que entren en la arena democrática”, le dijo a El Uniandino Felipe Sánchez-Barría, doctor en sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales.
En Colombia, por el momento, la búsqueda del consenso apenas está empezando. Aunque en los últimos días el presidente Duque promovió una serie de conversaciones con distintos partidos políticos y actores de la sociedad civil, representantes de todo el espectro ideológico han criticado su gestión.
En el asunto económico, el gobierno también la tiene difícil. Por un lado, varios expertos y economistas afirman que una reforma tributaria es necesaria para la reactivación de la economía, la sostenibilidad fiscal y la financiación de programas sociales como Ingreso Solidario. El gobierno ha resaltado esa misma necesidad: “La reforma no es un capricho, es una necesidad. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, dijo Iván Duque cuando retiró el proyecto.
Y es que con la pandemia Colombia tuvo resultados desastrosos para su economía: caída de 6.8% en el PIB, el paso de 3.5 millones de personas, según el DANE, a condición de pobreza y un déficit fiscal para 2021 calculado por el Ministerio de Hacienda en 8.6% del PIB.
A lo anterior se suma una desaprobación tanto del gobierno como de las instituciones. “Se está cuestionando una idea de democracia, de cómo se debería participar políticamente y de cómo debería darse esa representación”, nos dijo Fazio.
Según la última encuesta de Invamer, en Colombia el nivel de desaprobación hacia los partidos políticos es del 78%, solo por debajo de la imagen negativa de la guerrilla del ELN. Le siguen el congreso y el sistema judicial con 74% y 71%, respectivamente. El presidente, por su lado, tiene una desaprobación de 63%.
Castiglioni opina que ese nivel de desconfianza plantea riesgos: “sin partidos no hay democracia y es muy difícil que podamos canalizar las expectativas, las ansias y las demandas de la población y transformarlas en políticas públicas concretas”. La socióloga explica que en Chile las demandas eran diversas: mejor educación, mejores pensiones, mejor salud, “pero no hay todavía un actor que articule esos pedidos heterogéneos y que les dé coherencia. Ese es un riesgo y esa es una de las principales lecciones que podemos aprender de Chile”.
Hoy en Colombia sucede lo mismo. No hay una cabeza visible de las movilizaciones y las demandas van desde el cumplimiento del proceso de paz hasta la renta básica. “A pesar de la masividad y heterogeneidad de las recientes protestas en Colombia y en Chile, no parece haber instancias de coordinación interna que agregue los diferentes, y muchas veces opuestos, intereses de los ciudadanos, discipline la acción colectiva y articule posiciones políticas de modo coherente”, anota Sánchez-Barría.
La lección más importante
A pesar de que Chile logró tramitar un plebiscito para redactar desde cero una nueva constitución, concretar los cambios estructurales que pedían todavía les resulta incierto.
Según Castiglioni, en Chile los partidos de izquierda y centroizquierda, que son los que están proponiendo los cambios más estructurales, no han estado coordinados ni cohesionados. Además, no cuentan con los recursos, las redes territoriales ni la maquinaria política necesaria para empujar su agenda. Esto contrasta con el otro polo político, quienes, según la profesora, “han trabajado juntos entre sí, con lo cual no queda muy claro cuál va a ser el resultado de las próximas elecciones”. “Si los electos son conservadores y si la centroizquierda tiene las dificultades que ha tenido hasta ahora de coordinarse, es probable que veamos cambios, pero no estructurales”, advierte la investigadora.
En Colombia, la salida a la crisis también dependerá de quiénes estén dispuestos a juntarse y hasta dónde decidan extender esa alianza (en un año habrá elecciones). Mientras tanto, las decisiones que tome Duque para aliviar la crisis política, económica y social que vive el país pondrán a prueba sus habilidades de concertación y diálogo.
Para Sánchez-Barría, además de la cohesión e inclusión de la protesta social, una lección de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia es que “fueron incapaces de construir una institucionalidad política que ofreciera estabilidad y dinamismo a la democracia, más allá de los que estén en el poder”. Por eso, el investigador sostiene que no basta con ganar las elecciones, sino que se debe crear “un proyecto político con un horizonte amplio que se piensa también desde las instituciones que quiere legar a la sociedad”.
A pesar de la incertidumbre, los chilenos tienen claro el poder de la protesta para tramitar su descontento. Y con más de dos semanas de fuerte indignación y de movilizaciones inéditas, muchos colombianos parecen entender lo mismo. Sin embargo, de ahí a los cambios estructurales, como indica la experiencia, falta trecho.
“Se necesita mucho tiempo y mucho aguante para poder lograr cambios, pero es importante que el impulso no se pierda, hay que aprovechar ese estallido porque si se apaga tal vez sea más lento, hay que aprovecharlo ahora”, termina diciendo Amanda Gálvez, fundadora de la Red Estudiantil de Secundarias de Chile.
Por: Santiago Amaya y María Fernanda Alarcón
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