Según las cifras del Ministerio de Ciencias, los artículos publicados por los grupos de investigación avalados por este organismo se han incrementado cerca de un 30% al igual que los libros de investigación en los últimos dos años, mientras que las patentes de invención lo han hecho en un 60%. Hecho que podría deberse no solo a las políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) sino a varios incentivos para incrementar la publicación de productos de investigación en varias universidades. Pese a estos grandes avances, el plagio sigue siendo un gran dolor de cabeza.
En octubre de 2020, el grupo editorial IOP Publishing, comunicó la decisión de retirar 22 artículos, que habían sido publicados entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, y de bloquear alrededor de tres docenas más por evidencia en plagio y manipulación de citas. En todos los artículos aparece el autor principal Amelec Victoria o Jesús Silva (según IOP es la misma persona) un profesor de la Universidad de la Costa, quien en respuesta al grupo editorial, aceptó los cargos por plagio. Otros 26 investigadores aparecen como coautores de dichos trabajos, incluso aparece el vicerrector de investigaciones de la Universidad del Atlántico y están siendo investigados por estos hechos.
En Colombia, el plagio, puede acarrear sanciones civiles o penales, que van desde multas entre los 27 a 300 SMMLV hasta prisión de 32 a 90 meses, según lo consignado en la Ley 23 de 1982 y el Código Penal en su artículo 40. Sin embargo, en términos académicos, el buen nombre y la credibilidad son los más afectados. Razones por las que siempre se vela por la autenticidad en la investigación y creación de cualquier tipo de producto, y las universidades dedican tiempo y esfuerzo para erradicar estas malas prácticas dentro de su comunidad.
El Uniandino habló con miembros de las vicerrectorías y direcciones de investigación de varias universidades, para entender cuál puede ser el detonante para que algunos investigadores realicen este tipo de prácticas anti-éticas. Entre el abanico de posibles razones, se encuentran los incentivos económicos, lo cual puede o no traducirse en bonos de desempeño, fondos para investigación o incremento de salarios, o los números de publicaciones mínimos.
Edgar Prieto, profesor de la Universidad Nacional y director de SciELO Colombia, cree que el tema del plagio es algo más cultural. Para Prieto, los incentivos económicos que promueve el Decreto 1279 de 2002 lo único que logran es nivelar los salarios de los profesores pues, al compararlos a nivel internacional, en Colombia son bastante bajos. La Nacional, al tener más de 942 grupos de investigación, es la institución con más alto volumen de publicaciones, no solo en revistas nacionales e internacionales, sino en publicaciones propias. Por ello, cuentan con grupos y protocolos editoriales donde hacen uso de tecnologías de verificación que les permite identificar material no original, también cuentan con índices de medición de calidad de todas las revistas y según Prieto, en la Nacional están convencidos que brindarle las herramientas a sus investigadores y discriminar cuidadosamente qué es y no es plagio es de vital importancia. Para Prieto, “el tema está en brindarle las herramientas al investigador para incentivar su producción original, queremos llegar a que en el pregrado, desde el primer trabajo de los estudiantes, pasen por este tipo de herramientas de verificación”.
Ana Maria Aldana, jefe de fomento y fortalecimiento en la dirección de investigación de la Universidad del Rosario, resalta que afortunadamente los casos de plagio y conductas cuestionables son muy pocos, y en especial, aquellos donde se evidencia la mala fe. El Rosario ha aprendido de conductas cuestionables en el pasado, y parecen haber encontrado en algunos casos, una relación directa entre los incentivos y el aumento en las malas prácticas. También, considera que es claro que hay prácticas que son normalizadas y por desconocimiento se cae en el plagio. Para promover la investigación y sus publicaciones, El Rosario creó algunos incentivos económicos, tal como relata Aldana: “al crear este programa, no solo damos incentivos económicos sino que apoyamos a quienes tienen problemas en escribir en inglés con traductores externos y si necesitan acompañamiento y ayuda en temas de estilo también les apoyamos”. Ella nos cuenta que la mayoría de sus profesores prefieren que estos incentivos económicos los dirijan a un fondo que les permita no solo continuar sus investigaciones sino apoyar a estudiantes en sus semilleros de investigación. El sistema de integridad científica nace en 2016, con dos líneas de acción: un acompañamiento del comité de ética a los diferentes proyectos de investigación, y las iniciativas y estrategias de fomento de buenas prácticas, principalmente a través de una cátedra de integridad científica, que no solo le apunta a los investigadores sino a los estudiantes.
En el caso de la Universidad de Los Andes, algunas facultades han contado o cuentan con fondos de apoyo que busca incentivar la investigación y creación en las áreas del conocimiento de los profesores. Los proyectos están en constante evaluación para la aprobación de su ejecución, donde no solo se revisa el mérito científico y originalidad sino la viabilidad, y en su desarrollo y posterior finalización contando con la evaluación por pares. Adicionalmente, la Vicerrectoría de investigaciones cuenta con el Comité de ética que sirve como órgano de consulta y acompañamiento. Sin embargo, como comenta Maria Alejandra Solano, miembro del Comité de ética de la vicerrectoría, este órgano no es encargado de tratar faltas a la integridad científica, sino de acompañar a los investigadores en sus discusiones sobre la ética en la investigación.
No obstante, los profesores e investigadores, no son los únicos expuestos a este tipo de prácticas y es por ello que las universidades también enfocan sus esfuerzos en prevenir el plagio entre sus estudiantes, haciendo campañas de prevención, acompañamiento a profesores en la detección de los casos e incluso enfatizando, con descripciones precisas, en las sanciones de sus respectivos reglamentos disciplinarios.
Pero el manejo del plagio va más allá de la sanción. Los Andes, creó un Comité de integridad, formalizado en el 2020, donde trabajan el tratamiento del plagio como una actividad formadora para quiénes lo cometen. Desde el 2017, con una reforma en el reglamento disciplinario, cuando un estudiante comete un fraude debe tener una reunión con el profesor, además de un miembro de la decanatura de estudiantes, y el secretario disciplinario de la facultad con el objetivo de hablar sobre el incidente “a partir de la concertación, el profesor toma una decisión dependiendo del caso: se sigue con el proceso, se cierra o realiza una práctica formativa, la cual es una consecuencia no sancionatoria, y en ella el estudiante debe reparar el daño académico y en su formación” comenta Ángela Maria Patiño, jefe del Centro de Apoyo de la Decanatura de Estudiantes y miembro de este comité. Para Patiño, la labor de este comité se centra en trabajar la integridad como cultura: “Dentro de la teoría de las normas sociales se habla de trendsetters (creador de tendencias), la idea es tener ese tipo de personas en toda la comunidad que nos ayuden a ser modelos en temas de integridad”.
Las universidades coinciden en que el plagio es algo cultural y surge en la mayoría de los casos de una normalización de las malas prácticas académicas, siendo, afortunadamente, muy pocos casos. Sin embargo, el cambio en las formas de enseñanzas, debido a la pandemia ha dejado en evidencia las diferentes y nuevas formas de plagio y prende las alarmas para mejorar los métodos de evaluación.
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Por: Luisa Fernanda Chaparro
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