David Bautista es estudiante de Economía en la Universidad de los Andes. Aquí su columna "Una dosis mínima de populismo". Para contestar a la columna de David, o si estás interesado en publicar una, envía tu propuesta a preiodicoeluniandino@gmail.com
El pasado 1 de octubre, el presidente Iván Duque firmó el decreto que le da vía libre a la Policía para decomisar y destruir la cantidad de droga establecida como dosis mínima y multar a su portador. La medida tiene el fin de hacerle frente a la problemática del microtráfico y tener un espacio público libre de sustancias psicoactivas. Sin embargo, aunque Duque se presenta como la renovación de la política, su idea para luchar contra las drogas no es nada novedosa (reprimir y perseguir al consumidor) y, al contrario de lo que pretende, podría generar más inconvenientes que soluciones.
La medida hace parte de un paquete de políticas que buscan atacar el consumo bajo tres pilares fundamentales: la no criminalización del consumidor, la lucha frontal contra la delincuencia organizada que se lucra del negocio de la droga, y un enfoque de salud pública de la problemática. No obstante, el decreto presenta un vacío importante. Es claro que si una persona es sorprendida llevando consigo la dosis mínima, le será retirada y destruida, y al dueño se le impondrá una multa. Ahora, si dicha persona logra llegar a su casa sin cruzarse con la Policía, podrá consumir la sustancia que llevaba sin ningún problema. Es evidente que no se ataca el consumo, sólo se oculta.
Una de las consecuencias más preocupantes que traería la ingeniosa idea de Duque está relacionada con el precio de la droga. Claramente, el precio de la droga se incrementará, a mi modo de ver, a través de dos efectos: por el lado de la oferta, el riesgo de distribución de la droga será transferido al valor final de las sustancias, incrementando su precio; y por el lado de la demanda, el decomiso de la dosis que porten los consumidores, sobre todo si son problemáticos, hará que vuelvan a buscar y comprar una nueva dosis. El mercado tomará esto como un aumento en el número de demandantes de este producto y el precio de la droga subirá. Debido a esto, las mafias y organizaciones que se benefician de negocios como el microtráfico recibirán mayores ingresos, lo que atraerá a más jíbaros y fortalecerá a las mafias.
A lo anterior, las juventudes del Centro Democrático responden que, si bien podría ocurrir, el Estado estará implementando a la par una ofensiva directa contra estas organizaciones. Aquí surge una pregunta, ¿el hecho de que las mafias logren captar más dinero y más jíbaros, aumentando su capacidad económica, no haría que puedan fortalecerse militarmente y responder de igual manera la ofensiva del Estado? Si la respuesta es sí, el panorama no sería nada alentador. La lucha contra las organizaciones delictivas se encrudecería, afectando a la población que quedaría en medio de la lucha, en los sectores más vulnerables.
No existe esa tal renovación que menciona Duque. Sus planteamientos y políticas enfocadas a la lucha antidrogas son un recuento de lo hecho por el expresidente Uribe en sus gobiernos, que no tuvieron efectos considerables en reducir y prevenir el consumo de sustancias (medidas como la prohibición de la dosis mínima y la fumigación con glifosato lo demuestran). Por el contrario, estas políticas responden a un afán de mostrar el compromiso con las promesas de campaña; promesas que, como estas, poseen en su estructura una esencia más populista que técnica. Es lo que la gente quiere escuchar, pero no soluciona nada de fondo. El decreto firmado no ataca el consumo, pero si al consumidor. Busca camuflarlo para que en las calles no se vean los problemas que genera su actividad, y como nadie lo ve entonces no existe. Es como barrer y esconder la basura debajo de la alfombra. La pregunta es, ¿cuánta basura logrará esconder?
Por: David Bautista
Comentarios